La violencia no solo apaga vidas: busca silenciar historias y sonidos que son parte de nuestra identidad nacional.
Ciudad de México, 24 de agosto (MaremotoM).- El asesinato del vocalista Ernesto Barajas, director de Enigma Norteño, no solo enciende las alarmas en el ámbito cultural, sino que también pone en evidencia las complejas dinámicas criminales y el desafío del Estado para garantizar la seguridad en el territorio nacional.
El martes por la noche, en Zapopan, uno de los suburbios más exclusivos de Guadalajara, fue asesinado a tiros Ernesto Barajas, vocalista y director de la agrupación Enigma Norteño. Tenía 38 años. En el ataque también murió un acompañante suyo y resultó herida una mujer.
La Fiscalía General de Jalisco confirmó el crimen y aseguró que ya investiga los hechos, aunque, como en tantos otros casos de artistas asesinados, la posibilidad de esclarecer el caso parece lejana.
Barajas fundó Enigma Norteño en 2004, cuando apenas tenía 18 años. La banda rápidamente ganó notoriedad en el género del regional mexicano, especialmente en el terreno de los “narcocorridos”, canciones que narran y exaltan la vida de capos del narcotráfico.
Con más de cuatro millones de reproducciones mensuales en Spotify, el grupo se convirtió en una referencia musical para millones de oyentes en México y Estados Unidos. Barajas también era conductor de un popular podcast en YouTube, donde entrevistaba a figuras del regional.
Sin embargo, la fama no estuvo exenta de riesgos. En 2023, circuló en redes una supuesta amenaza contra el cantante atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la que le prohibían cantar corridos en Baja California por sus vínculos con los hermanos Arzate García, operadores del Cártel de Sinaloa.
Aunque Barajas insistía en que su música no tenía relación con ningún grupo criminal, su obra musical incluye canciones dedicadas tanto a líderes del Cártel de Sinaloa como al propio Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del CJNG.
El asesinato de Barajas se suma a una larga lista de artistas del regional mexicano víctimas de la violencia. Desde Valentín Elizalde (2006), pasando por Sergio Vega “El Shaka” (2010) o Chalino Sánchez en los 90, los músicos de corridos han sido blanco recurrente de los grupos criminales que dominan distintas zonas del país.
La violencia no es exclusiva del pasado. En 2012, el baterista de Enigma Norteño, José Baldenegro, fue secuestrado y asesinado. Años después, la banda estuvo a punto de disolverse. “Queríamos retirarnos de la música”, confesó el propio Barajas en una entrevista a Telemundo en 2023.
Su muerte se sumó a otros homicidios recientes de artistas, como el del grupo Fugitivo en Reynosa, Tamaulipas: cinco integrantes fueron secuestrados el 25 de mayo y hallados asesinados y calcinados, causa atribuida a la célula criminal “Los Metros” del Cártel del Golfo.
Estas muertes no son incidentes aislados: forman parte de una tendencia sistemática donde la violencia política y criminal alcanza a figuras culturales, evidenciando que el control territorial y simbólico de las mafias incluye el dominio sobre la narrativa pública.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha centrado parte de su estrategia en modificar el contenido cultural: impulsó concursos para fomentar canciones que no glorifiquen la violencia, mientras algunos estados prohíben los “narcocorridos”. La prohibición, sin embargo, cede más espacio a la violencia.
Estas medidas, sin embargo, se chocan con una realidad cruda: el asesinato sigue siendo un instrumento de control y castigo, no solo sobre los músicos, sino sobre cualquier voz pública.
La violencia contra artistas y funcionarios —como lo ocurrido recientemente en Tamaulipas, donde fue asesinado con granada y balazos el delegado de la FGR, Ernesto Vázquez Reyna— demuestra que el crimen organizado no distingue entre autoridad política, figuras culturales o ciudadanía; busca consolidar espacios de impunidad.
¿Predicción cumplida?
La muerte de Barajas y el ataque al Grupo Fugitivo confirman un pronóstico lamentable: bajo este gobierno, los asesinatos de artistas no solo continúan: se han diversificado y profundizado. Indican una ofensiva criminal que no solo maniobra en las sombras, sino también al frente de los reflectores culturales.
Además, estos ataques envían dos mensajes claros:
A los artistas: sometan su voz, elijan bien a quién exaltan, limiten su libertad creativa.
Al Estado: sin una estrategia integral, estas muertes se convierten en símbolos de fracaso estatal.
Más allá de las medidas culturales, se requiere una respuesta política firme: investigación profunda, justicia con transparencia, protección especializada para artistas, y diálogo con la sociedad. De lo contrario, cada canción, cada concierto, estará bajo la sombra de un posible guion mortal que ordena el crimen organizado.
Se nos obliga a preguntarnos: ¿qué país estamos construyendo cuando los cantantes —en el escenario o fuera de él— se convierten en víctimas simbólicas y reales de una guerra que también se libra sobre nuestra memoria colectiva? La violencia no solo apaga vidas: busca silenciar historias y sonidos que son parte de nuestra identidad nacional.
