Las ciudades, las megalópolis especialmente, en su complejidad y caos se han ido fragmentado –en topología pero también en identidad–, creando burbujas cerradas de interacción así como zonas de exclusión
Ciudad de México, 3 de octubre (MaremotoM).- Los llamados “lugares antropológicos” son aquellos que ofrecen a los individuos un espacio de hábitat que pueden incorporar a su identidad para así compartir hitos y referencias sociales de tipo comunitario. Un pueblo califica como un lugar antropológico por excelencia, en el que llegan a convivir varias generaciones; lo mismo supondría un ecosistema para una tribu o etnia cuyo hábitat se halla en mayor contacto con la naturaleza. Para el habitante de una ciudad, por su parte, el ejemplo más entrañable de lugar antropológico, asociado a los retazos de memoria personal e histórica, sería el de barrio.
Sin embargo, hay también otro tipo de “territorios”, los denominados no-lugares (término acuñado por el antropólogo Marc Augé en su obra de 1992 Los no lugares, espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad), que configuran espacios intercambiables –por ejemplo: medios de transporte, hoteles, supermercados, áreas de descanso, aunque también, por caso, los campos de refugiados– en los cuales las personas, al no poder fijar en estos una residencia, no interactúan en torno a vínculos sociohistóricos ni generan relaciones de identidad más allá que las que permite el consumo, la eventualidad o el usufructo de un servicio.
(Al respecto, cabe mencionar que el investigador italiano Marco Lazzari sugiere que, para la reciente generación, la de los nativos digitales, cuyos vínculos sociohistóricos se hallan difuminados en la constelación de la posmodernidad y, por lo mismo, “topológicamente perturbados”, algunos de esos no-lugares –¿acaso anticipando entre ellos, un “lugar” para el metaverso?– parecen funcionar prácticamente como espacios, no importando la “volatilidad” de los mismos, para socializar y, a su modo, generar los respectivos o pertinentes referentes de identidad).
Las fronteras interiores
Se pueden identificar otros espacios (o acaso sería mejor llamarles “interzonas”), respecto de los cuales el arquitecto y filósofo Steven Flusty acuñó el concepto de espacios interdictorios, que consisten en aquellos “diseñados para interceptar, desviar, repeler o filtrar a los posibles usuarios”, específicamente a los no pertinentes (con toda la carga semántica que esto conlleva).
Las ciudades, las megalópolis especialmente, en su complejidad y caos se han ido fragmentado –en topología pero también en identidad–, creando burbujas cerradas de interacción así como zonas de exclusión. No es de extrañar, pues, que un habitante de la urbe llegue a padecer soledad y aislamiento; que reduzca la densidad de sus interacciones no debido a la pertenencia y lealtad a un barrio –es probable que ya ni a los vecinos salude cordialmente– sino por interiorizar “destierros” a partir de los señalamientos de bordes y zonas limítrofes (tanto de lugares como de no-lugares).
Dichas “fronteras interiores”, a manera de vitrina, pueden limitar el tejido social y la realización espiritual de los habitantes de una urbe, los cuales, por lo mismo, lleguen a experimentar la angustia de hallarse en un lugar extraviado o, acaso, deambulen anodinamente para ser absorbidos por el metabolismo pragmático de la propia urbe, a la que se integran funcionalmente como parte de un engranaje.
Zonas concesionadas
Entre los programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y ecológico, especialmente en regiones como Latinoamérica, los criterios para determinar los usos de suelo así como la delimitación de los espacios públicos, privados, zonas de restricción y de riesgo, suelen ser difusos. Incluso a través del Google Maps se comprueba visualmente, en el montaje del collage de la interfaz, el tipo de laberintos y desenfoques de los asentamientos humanos, la no transparencia de las zonas privadas y las potenciales apropiaciones diversas del globo terráqueo (ya ni imaginar las turbulencias y arbitrariedades ocultas tras las fotos de olas en las extensas “aguas internacionales”).
Autodefensas de diversa índole
Cuando un estado no garantiza la seguridad, algunos grupos se organizan para gestionar algún tipo de “barricada” para contener a los depredadores reales o imaginarios. Algunos pueblos, ante el crimen organizado de diversa bandera (narcos, sicarios, talamontes, minería depredadora dudosamente concesionada, paramilitares, comandos contrainsurgentes, etcétera) se ven en la urgencia de implementar policías comunitarias para resguardar sus territorios y ecosistemas.
En segmentos socioeconómicos más favorecidos, algunas familias también optan por resguardarse –la mayoría de las veces debido al rebote de consecuencias por la desigualdad social– en fraccionamientos amurallados, instalando casetas, vigilantes, cámaras y un acceso casi diplomático.
Cuando un estado de excepción se vuelve condición permanente
En las crisis humanitarias de cualquier índole (desastres naturales, guerras, desplazamientos forzados, entre otras), algunos estados liberan recursos para gestionar espacios transitorios –en este sentido, no-lugares– de asentamiento para las poblaciones que sobreviven la situación de emergencia, espacios que suponen restricciones de movilidad, reunión e incluso de comunicación.
Sin embargo, los municipios que sortean crisis constantes o cuyos gobiernos agotan los recursos para superarlas, van cristalizando esos no-lugares contemplados para solventar las emergencias, al grado de llegar a configurar barrios “eternamente provisionales” que, con el paso de las décadas, incluso van adquiriendo referencias toponímicas a manera de metáforas de urbanización.
Paulatinamente, un estado policial
El sociólogo polaco Sygmunt Bauman, en su libro Modernidad líquida, ha observado cómo gradualmente, bajo la excusa de otorgar seguridad al espacio público, se instauran políticas de control que introducen restricciones, al grado de militarizar y privatizar los espacios públicos, ya que, desde tal perspectiva, “los merodeadores y vagabundos son promovidos al rango de enemigos públicos, generándose un fenómeno de criminalización de la pobreza, de las diferencias residuales”.
Incluso en gobiernos supuestamente democráticos se presentan “patologías” (disfuncionalidades) en el espacio público, que buscan contener, dosificar o regular relaciones territoriales entre los sujetos, las cuales hacen patente la exclusión y segregación –de sectores potencialmente peligrosos– con evidentes posiciones de intolerancia.
Y, lamentablemente, las nuevas tecnologías no necesariamente ayudan como sucedáneo para la convivencia social; a pesar de su aparente libertad de expresión e interactividad, sus algorítmicos laberintos terminan apoyando la polarización social que los corporativos configuran en los territorios offline, cuya soberanía ya ni siquiera pueden ser defendida en algunos estados semicolonizados.
Asumamos que, quizás, este tipo de control fuera viable para prevenir riesgos en escenarios potencialmente hostiles (por ejemplo, en colonias fuera de nuestro planeta), pero, en el resto de las cotidianidades, de continuar una dinámica de ordenamientos cada vez más minuciosos, el grueso de la población, para poder “pertenecer a la civilización” con el pretexto de ejercitar la convivencia pacífica, tendrá que acatar limitaciones graduales en sus derechos civiles y políticos y confrontar un enajenante malestar causado por una paulatina desintegración de la vida comunitaria.
